HACIENDA Y LA LEGALIZACIÓN DE VIVIENDAS, REFORMAS, AMPLIACIONES, NUEVAS CONSTRUCCIONES O PISCINAS ILEGALES .
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Hacienda pone en marcha, de oficio, el procedimiento de regularización catastral por parte de la Administración.
Este inicio debe se comunica a los propietarios, que disponen de un plazo de quince días para presentar alegaciones. En los supuestos en que no existan terceros afectados, tales como vecinos colindantes, el procedimiento podrá iniciarse directamente con la notificación de la propuesta de regularización, junto con la liquidación de la tasa de regularización catastral.
Se trata de una tasa, un tributo de carácter estatal cuyo hecho imponible lo constituye la regularización de la descripción de los bienes inmuebles.
La cuantía de la tasa asciende a los 60 euros por cada uno de los inmuebles sujetos a regularización. El pago debe ser efectuado por el sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, es decir el propietario, en el ejercicio en el que se haya iniciado el procedimiento de regularización catastral.
Si los propietarios de nuevas construcciones o ampliaciones tales como piscinas o reformas no son conscientes de que tienen que avisar del cambio,
omiten cualquier pago de la reforma.
Entonces llega una notificación en la que se avisa de que deben afrontar una tasa inicial de 60 euros y de una actualización del IBI. Si por ejemplo la nueva piscina es grande, de más de 100 metros cuadrados, podría llegar a pagar casi el doble por el impuesto de Bienes Inmuebles.
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